Por Vigilancia Ciudadana
- Juan Carlos Portugal Sánchez fue quien defendió a Adriano Pozo en el terrible caso de intento de violación y presunto intento de feminicidio contra Arlette Contreras en Ayacucho.
- Fuerza Popular consigna esta información en su Informe de Gastos del dinero del Financiamiento Público Directo (FPD) del semestre de enero a junio 2033, publicado en el Portal CLARIDAD de la ONPE.
- Se le pagó S/. 24,000 por el servicio de “asesoría legal”.
Vigilancia Ciudadana, como parte de su tarea de monitoreo del uso del dinero público por parte de los partidos políticos con presencia en el Congreso, adelanta uno de los hallazgos que publicaremos en julio en nuestro Informe Final de actividades. El partido Fuerza Popular (FP) ha contratado con dinero del FPD (es decir, de todos los peruanos y peruanas) al abogado Juan Carlos Portugal Sánchez, pagándole honorarios por 24 mil soles (3 recibos por honorarios que datan de marzo y mayo del 2023 por 8 mil soles cada uno). Este letrado es, actualmente, abogado de Dina Boluarte en el caso Rolex y de Luis Nava ex secretario presidencial de Alan García, quien confesó que recibió sobornos en loncheras de manos de Jorge Barata.
Asimismo, en su informe técnico de análisis de los gastos de FP, la ONPE le indicó al partido que los “informes de presentación de servicio no cuenta con evidencia sustancial que demuestre que ha realizado la actividad.” Por tanto, solicitaron se adjunten “evidencias fotográficas del trabajo. Lo antes mencionado, es una limitante a la evaluación del gasto, el cual no permite determinar que este se encuentre alineado a la Normativa Vigente. En relación al informe de actividades, presentados con los RxH E001-147 y E001-154, no sustenta las actividades realizadas”.
Ante esto, Fuerza Popular respondió que “los prestadores de servicios han considerado en su informe prestar los servicios brindados de acuerdo a su criterio y cuidando la reserva profesional en cada uno de los casos tratados”. (INFORME TÉCNICO – FPD 2023 PRIMER SEMESTRE Nº 0005-2023-GSFP/ONPE).
Es decir, Fuerza Popular no sólo contrata, con dinero de todos los peruanos, a un abogado defensor de un ofensor/maltrador de mujeres acusado de intento de feminicidio, sino que no ha sustentado debidamente el servicio que este señor le brindó al partido. Si bien, esta contratación no constituye un ilícito penal, Vigilancia Ciudadana considera una ofensa a las mujeres peruanas que un partido político contrate, con los impuestos de estas, a un ofensor de mujeres.
Imagen: Composición Punto Medio. Imagen principal tomada de lpderecho.pe. Imágenes: difusión.
